Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial…”;
Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”;
Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador determinan: “Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial (…); y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.”;
Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: “(…) los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios…”;
Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe: “La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado…”;
Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial manifiesta: “La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario…”;
Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: “Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados.”;
Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: “La competencia de las juezas y jueces, de las cortes provinciales y demás tribunales, en razón del territorio, será determinada por el Consejo de la Judicatura, previo informe técnico de la Unidad de Recursos Humanos. Será revisada por lo menos cada cuatro años.”;
Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: “En atención a las necesidades del servicio de administración de justicia, el Consejo de la Judicatura podrá disponer que a una misma unidad judicial se asignen dos o más jueces de la misma o distinta materia. Las servidoras y servidores que integran la unidad judicial prestarán su contingente por igual a todas las juezas y todos los jueces asignados a dicha unidad.”;
Que, los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: “a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente; y, b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel...”;
Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: “10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.”;
Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 15 de agosto de 2014, mediante Resolución 150-2014, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 338, de 22 de septiembre de 2014, resolvió: “CREAR LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA EN INFRACCIONES FLAGRANTES, CON SEDE EN EL CANTÓN QUITO”;
Que, mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2015-561, de 15 de junio de 2015, suscrito por el abogado Esteban Morales Moncayo, Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial (e), remite a la magister Nathalia Novillo Rameix, Directora Nacional de Planificación, el “INFORME DE PLAN DE COBERTURA PARA EL CANTÓN QUITO”;
Que, mediante Memorando CJ-DNP-2015-1150, de 17 de junio de 2015, suscrito por la magister Nathalia Novillo Rameix, Directora Nacional de Planificación, remite a la economista Andrea Bravo Mogro, Directora General, los informes de factibilidad técnica, entre los que se encuentra: “Reformar el artículo 4 de la resolución 150 de 2014 por el cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió Crear la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencias en Infracciones Flagrantes con sede en el cantón Quito”;
Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el Memorando CJ-DG-2015-3433, de 17 de junio de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo Mogro, Directora General, quien remite el Memorando CJ-DNJ- SNA-2015-537, de 16 de junio de 2015, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene los informes técnicos y jurídicos de creación y modificación de competencia en razón de la materia y territorio de varias judicaturas a nivel nacional y los proyectos de resoluciones correspondientes; y,
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad,
