Que, la libertad de expresión es un derecho reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos internacionales;
Que, el Ecuador es signatario de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y de la Declaración de Chapultepec, y por ende adherente de los principios allí contenidos;
Que, el Ecuador es miembro pleno de la Organización de Estados Americanos y por ende del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual comprende a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías;
Que, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión;
Que, la Constitución de la República determina en su artículo 1, como uno de sus principios fundamentales, que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia;
Que, el articulo 11, numeral 9 de la Constitución de la República señala que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución;
Que, el artículo 16, numeral 2 de la Constitución de la República establece el derecho de todas las personas, en forma individual o colectiva, a tener acceso universal a las tecnologías de información y comunicación;
Que, el artículo 17, numeral 2 de la Constitución de la República dispone que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, para lo cual facilitará el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios; Que,
Que, el artículo 384 de la Constitución de la República, establece que el sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecer la participación ciudadana;
Que, mediante Sentencia No, 018-18-SIN-CC, de fecha 01 de agosto de 2018,la Corte Constitucional declaró inconstitucionales, por la forma, las enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional en el 2015, en consecuencia de ello, la frase “La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios.”, del artículo 384 de CRE, volvió a su texto original aprobado en Consulta Popular en el 2008;
Que, el Estado constitucional de derechos y justicia, en consonancia con los principios y normas de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, reconoce los derechos a la comunicación, que incluyen entre otros, la libertad de pensamiento y expresión;
Que, el derecho a la comunicación o los llamados derechos a la comunicación hoy en día se encuentran reconocidos en la mayoría de los estados democráticos considerados como derechos humanos fundamentales de las personas, así lo reconocen nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Comunicación, cuya lucha ha sido y sigue siendo constante para hacerlos respetar y cumplir. Para lograrlo es necesario el empoderamiento de estos derechos en toda una sociedad;
Que, la Ley Orgánica de Comunicación fue publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No, 022 de 25 de junio de 2013, misma que ha sido reformada mediante Ley Reformatoria publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 432 de 20 de febrero de 2019; corresponde a la Asamblea Nacional como órgano legislativo, expedir las leyes, sus reformas, modificaciones e interpretaciones, y,
En ejercicio de las facultades y atribuciones establecidas en el artículo 120 de la Constitución y el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa expide la siguiente:
