Acuerdo 5537-A Refórmese el Acuerdo Ministerial No. 5233-A de 04 de enero de 2015

Que, el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala que es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;

Que, el inciso tercero del artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional;

Que, el artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que la Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional y que sus miembros tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige, entre otros, por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos;

Que, el literal b) del artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece que al Ministerio del Interior y la Policía Nacional, les corresponde la rectoría y ejecución de la protección interna, y el mantenimiento y control del orden público;

Que, el artículo 23 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece a la seguridad ciudadana como una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos que garanticen los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador;

Que, los literales b) y d) del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en concordancia que el artículo 56 de la ley ibídem, establecen como función de la Policía Nacional de Ecuador la prevención de la comisión de delitos, la investigación de las infracciones penales y la aprehensión de los presuntos infractores;

Que el artículo 50 de la Ley de Personal de la Policía Nacional establece que la enfermedad o lesión será calificada por los Consejos respectivos en base al informe médico suscrito por la Comisión Calificadora de Enfermedades y Accidentes de la Dirección General de Salud, conforme a esta Ley y su Reglamento y que el personal policial declarado apto se incorporará inmediatamente al servicio, caso contrario se sujetará a o determinado por esta Ley y el Reglamento,

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 632 de 17 de enero de 2011, el economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, dispuso la reorganización de la Policía Nacional, estableciendo que la representación legal, judicial y extrajudicial, sea asumida por el Ministerio del Interior debiendo además disponer las acciones administrativas tendientes a reorganizar la estructura organizacional y los segmentos administrativos y operativos de la institución policial;

Que conforme establece el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Interior, publicado en el Registro Oficial 102, de 17 de diciembre de 2010, reformado con Acuerdo Ministerial No. 4042, publicado en Registro Oficial No. 233 de 25 de abril de 2014 esta Cartera de Estado, tiene como misión ejercer la rectoría, ejecutar y evaluar la política pública para garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad del Estado, en el marco del respeto a los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana, para contribuir al buen vivir;

Que dentro de la estructura orgánica de la Inspectoría General de la Policía Nacional, el Departamento de control y confianza, se encarga de realizar pruebas integrales de seguridad y confianza en los campos financieros, toxicológico, psicológico y poligráfico para establecer los niveles de confianza del personal policial o de quienes se encuentran en proceso de selección para pertenecer a la Institución, de conformidad con el artículo 60, 67 y 68 del Reglamento Orgánico Funcional de la Inspectoría General de la Policía Nacional;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 3684 de 19 de septiembre de 2013, se dispuso ejecutar a nivel nacional, la evaluación integral de confianza a todas las servidoras y servidores policiales, oficiales, clases y policías en servicio activo, como medida objetiva que permita establecer el nivel confiabilidad en el cumplimiento de sus funciones policiales y misión constitucional;

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 4348 de 20 de mayo de 2014, se expidió el reglamento que posibilita la realización de las evaluaciones integrales de confianza a todas los aspirantes, servidoras y servidores policiales; a los demás servidores o servidoras de la administración pública central e institucional que lo requieran; así como también, a las personas que postulen para el ingreso a la Policía Nacional y demás entidades de la Administración Pública;

Que el Acuerdo Ministerial No. 5233-A, del 4 de enero del 2015, establece obligaciones generales, requisitos de permanencia para las y los servidores de la Policía Nacional, así como los parámetros de evaluación poligráfica que requieren aplicarse de acuerdo a la técnica y a las políticas del Centro de Control de Confianza de la Policía Nacional;

Que existe la necesidad imperativa de continuar con el proceso de depuración iniciado por esta Cartera de Estado y la Policía Nacional, a través de la incorporación de los mandatos constitucionales de eficacia, eficiencia, calidad, transparencia y evaluación en la gestión del talento humano policial para lograr altos estándares de probidad y ética profesional, y así garantizar la seguridad integral como derecho constitucional fundamental de la ciudadanía;

Que, es necesario establecer la barrera de tiempo y demás parámetros de evaluación poligráfica, como componente de la evaluación integral de confianza; y,

En ejercicio de la atribución conferida en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva