Acuerdo 389 Modifíquese el Acuerdo Ministerial No. 268, publicado en el Registro Oficial No. 359 de fecha 22 de octubre de 2014

Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que se reconoce y garantizará a las personas el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características;

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, conforme el artículo 10-2 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, corresponde a Función Ejecutiva ejercer las atribuciones entre las que consta la de Coordinación, que es la facultad de concertar los esfuerzos institucionales múltiples o individuales para alcanzar las metas gubernamentales y estatales, cuyo objetivo es evitar duplicación de esfuerzos por parte de las entidades que conforman el Ejecutivo o retrasos en la consecución de los objetivos de desarrollo;

Que, conforme el artículo 10-2 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, corresponde a Función Ejecutiva ejercer las atribuciones entre las que consta la de Evaluación, que es la facultad de determinar, de manera sistemática y objetiva, la pertinencia, eficacia, eficiencia, efectividad e impacto de actividades, en relación a los objetivos programados y en base a un sistema de indicadores de gestión y resultados;

Que, conforme el artículo 10-2 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, corresponde a Función Ejecutiva ejercer las atribuciones entre las que consta la de Planificación, que es la facultad para establecer y articular políticas, estrategias, objetivos y acciones en el diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos, para lograr un resultado esperado, previniendo las situaciones o escenarios desfavorables o riesgosos, y los obstáculos que puedan evitar o demorar el cumplimiento de dicho resultado;

Que, conforme el artículo 10-2 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, corresponde a Función Ejecutiva ejercer las atribuciones entre las que consta la de Regulación, que es la facultad de emitir normas para el adecuado y oportuno desarrollo y cumplimiento de la política pública y la prestación de los servicios, con el fin de dirigir, orientar o modificar la conducta de los agentes regulados;

Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

Que, el artículo 54 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, establece la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, cuyo efecto será el traslado de la competencia al órgano desconcentrado. La desconcentración se hará por Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial;

Que, el numeral primero del artículo 101 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, señala que La Administración Pública Central sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de legalidad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. Igualmente, deberá respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 849, publicado en el Registro Oficial No. 522 de 29 de agosto de 2011, señala que la Ministra del Ambiente, por tratarse de su ámbito de gestión, expedirá mediante Acuerdo Ministerial, las normas que estime pertinentes para sustituir el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en la Edición Especial número 2 del Registro Oficial de 31 de marzo de 2003;

Que, el artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 149, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 146 de 18 de diciembre de 2013, establece que

“La administración pública central, institucional y que depende de la Función Ejecutiva establecerá la gestión con enfoque en la simplificación de trámites. La gestión Pública propenderá progresivamente a la disminución y la eliminación de la duplicidad de requisitos y actividades que debe realizar el ciudadano frente a la administración para acceder a servicios eficientes, transparentes y de calidad. La simplificación de trámites tendrá como finalidades las de facilitar la interacción entre el ciudadano, empresa y la Administración Pública en la prestación de los servicios a que está obligada; facilitar el acceso y ejecutar ágilmente los trámites que deben realizar los ciudadanos para acceder a dichos servicios; racionalizar el uso de recursos públicos; y, reducir los costos, tiempos y pasos de transacción al ciudadano, empresas y administración pública. Igualmente facilitará la interconexión e interacción de información de registros de datos públicos entre las diferentes instituciones de la administración pública, garantizando así la eficiencia y el uso adecuado de las herramientas tecnológicas con las que cuenta el Estado Ecuatoriano”;

Que, el artículo 11 del Decreto Ejecutivo No. 149, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 146 de 18 de diciembre de 2013, señala que: “La simplificación de trámites se regirá por los siguientes principios: c) Legalidad.- Solo se puede pedir o exigir para el trámite los requisitos que estén previamente establecidos en un marco normativo vigente; e) Presunción de veracidad.- Se presumirá que los documentos y declaraciones formulados por los ciudadanos frente a un trámite y en la forma prescrita por el ordenamiento jurídico, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman; f) Responsabilidad de información.- La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de la información, es exclusiva del ciudadano, cuando este provea la información”;

Que, el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 268, publicado en el Registro Oficial No. 359 de fecha 22 de octubre de 2014, señala que: “las Direcciones Provinciales del Ambiente y a la Dirección del Parque Nacional Galápagos del Ministerio del Ambiente, para que dentro de su jurisdicción y competencias, ejerzan las siguientes atribuciones relativas al ámbito de calidad ambiental: a) Emitir certificados de intersección con el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Patrimonio Forestal, Bosques y Vegetación Protectores del Estado”;

Que, la Disposición General Cuarta del Acuerdo Ministerial No. 268, publicado en el Registro Oficial No. 359 de fecha 22 de octubre de 2014, establece que la Ministra o Ministro del Ambiente, cuando lo considere pertinente, podrá dejar sin efecto la o las atribuciones delegadas en virtud del presente Acuerdo, mediante disposición expresa en su calidad de Autoridad máxima del Ministerio del Ambiente;

Que, mediante Informe Técnico No. 748-14-ULA- DNPCA-SCA-MA de 08 de diciembre de 2014, elaborado por la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, Gerencia del Proyecto SUIA II y Dirección de Gestión y Cambio Organizacional, remitido mediante Memorando No. MAE-DNPCA-2014-2402 de 08 de diciembre de 2014, se concluye que al haber realizado el análisis técnico de los diferentes tiempos en la gestión del Certificado de Intersección, se solicita que la firma del mismo la realice el Director Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental con la finalidad de mejorar los tiempos;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 388 de 06 de diciembre de 2014, la Ministra del Ambiente Ab. Lorena Tapia Núñez, delega las funciones de Ministra de Estado a la Magister Lorena Priscila Sánchez Rugel, desde el 06 al 16 de diciembre de 2014;

En ejercicio de la facultad conferida en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.