Que, de acuerdo al artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 3 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada; las administraciones públicas deben organizarse y desarrollarse de manera desconcentrada, para cumplir, de esta forma, los principios de eficiencia, calidad, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que, el tercer inciso del artículo 9 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas dispone que los Directores Regionales y Provinciales ejercerán, dentro de su respectiva jurisdicción, las funciones que el Código Tributario asigna al Director General del Servicio de Rentas Internas, con excepción de la absolución de consultas, el conocimiento y resolución de recursos de revisión y la expedición de resoluciones o circulares de carácter general y obligatorio para la aplicación de las normas legales y reglamentarias;
Que, el artículo 69 del Código Tributario señala que las autoridades administrativas que la ley determine están obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo que corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de la Administración Tributaria;
Que, los artículos 75 y 76 de la normativa ibídem disponen que la competencia administrativa se ejerza por los órganos que la tengan atribuida, salvo los casos de delegación o sustitución previstos por las leyes;
Que, el artículo 77 de la mencionada norma establece que cuando una ley atribuya competencia a una administración tributaria, sin determinar la autoridad que ha de ejercerla, se entenderá concedida a la competente para conocer de los reclamos;
Que, el numeral 2 del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, establece como facultad de los Directores Regionales entre otras, las de dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión del Servicio de Rentas Internas dentro de su jurisdicción, y vigilar la estricta aplicación de las leyes y reglamentos tributarios;
Que, los artículos 55 y 56 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva prevén que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por ley o por decreto; y que, los delegados únicamente podrán a su vez delegar sus competencias cuando exista autorización expresa para el efecto;
Que, el artículo 90 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que los actos administrativos podrán extinguirse o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad o de oportunidad;
Que, la Disposición General Cuarta del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio de Rentas Internas, expedido mediante Resolución No. NAC- DGERCGC14-00313 publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 134 de 30 de mayo de 2014, se expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, que establece la conformación de Direcciones Zonales a fin de que permitan una debida gestión tributaria y atender las necesidades de los contribuyes, responsables y terceros;
Que, a las Direcciones Regionales originalmente establecidas en el Servicio de Rentas Internas, actualmente corresponden las Direcciones Zonales. Dichas zonas constituyen una instancia de actuación desconcentrada que se conforma primordialmente, por la unión de varias provincias. La denominación de zonal corresponde a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 357, publicado en el Registro Oficial No. 205 de 02 de junio de 2010, por el cual se establecieron las zonas administrativas de planificación;
Que, de conformidad al artículo 3 de la Resolución No. NAC-DGERCGC14-00873, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 367 de 4 de noviembre de 2014, se establece que la Zona 3 con sede en la ciudad de Ambato, tiene bajo su jurisdicción las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza;
Que, mediante Resolución No. NAC- DNHRSGE15-00000600 del 11 de Agosto de 2015, se nombró a la Dra. Gina Elizabeth Vargas Núñez, para que subrogue el cargo de Director Provincial de Cotopaxi del Servicio de Rentas Internas a partir del 11 de agosto de 2015 hasta el 25 de agosto de 2015 inclusive;
Que, mediante Resolución No. NAC-DGERCGC14-00872 y su reforma, la Directora General de la entidad delegó varias de sus atribuciones a las Direcciones Zonales y Provinciales y dispuso la aplicación del artículo 77 del Código Tributario, facultándose a los delegados la posibilidad de delegar estas competencias, excepto la de resolver los reclamos;
Que, es necesario optimizar las atribuciones de los distintos servidores de la Dirección Zonal 3, con el fin de mejorar la atención al contribuyente, desconcentrando las funciones que estos tienen asignadas;
Que es necesario instaurar procedimientos ágiles en la Administración Tributaria, para dotar de eficiencia a la atención de peticiones y solicitudes presentadas por los sujetos pasivos;
Que, mediante Resolución No. PCO- DPRRDRI15-00000030, publicada en el Registro Oficial No. 563 del 12 de agosto de 2015, el Director Provincial de Cotopaxi del Servicio de Rentas Internas delegó a varios servidores y servidoras del Departamento de Asistencia al Ciudadano del Servicio de Rentas Internas de la Provincia de Cotopaxi las funciones de notificar las resoluciones de clausuras y ejecutar las mismas; así como, colocar los sellos correspondientes en los locales comerciales sancionados, dentro de su respectiva jurisdicción, incluso con el auxilio de la fuerza pública; sin embargo, los servidores y servidoras a los que se delega estas atribuciones pertenecen al Departamento de Asistencia al Contribuyente del Servicio de Rentas Internas de la Provincia de Cotopaxi;
Que, el inciso segundo del artículo 95 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece que, todos los actos que incurran en otras infracciones al ordenamiento jurídico, inclusive la desviación de poder, son anulables y por lo tanto podrán ser convalidados por la autoridad tan pronto como dichos vicios sean encontrados con el propósito de garantizar la vigencia del ordenamiento jurídico. La convalidación de los actos regirá desde la fecha en que se expide el acto convalidatario. Si el vicio es de incompetencia por el grado, el acto viciado será convalidado por la autoridad jerárquica superior;
Que, el artículo 96 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva establece que, bajo ningún concepto los administrados podrán ser perjudicados por los errores u omisiones, cometidos por los organismos y entidades sometidos al referido estatuto en los respectivos procedimientos administrativos, especialmente cuando dichos errores u omisiones se refieran a trámites, autorizaciones o informes que dichas entidades u organismos conocían, o debían conocer que debían ser solicitados o llevados a cabo;
En ejercicio de la facultad que le confiere la ley,
