Resolución 006-INDOT-2015 Deléguense atribuciones a varios funcionarios

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.”;

Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que las normas y principios del Sistema de Contratación Pública se aplican a las instituciones de Derecho Público y Privado, estas últimas, siempre que tengan capitales o participación pública;

Que, el artículo 6, numeral 9a, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, textualmente señala “Delegación.- Es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, a través de la máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado. Son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública. La resolución que la máxima autoridad emita para el efecto podrá instrumentarse en decretos, acuerdos, resoluciones, oficios o memorandos y determinará el contenido y alcance de la delegación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, de ser el caso. Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable. En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia.

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, determinan los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, existen diferentes atribuciones que, por disposición legal y reglamentaria, le corresponde exclusivamente a la máxima autoridad de la Entidad Contratante;

Que, de conformidad con el número 16 del artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que la máxima autoridad es quien ejerce administrativamente la representación legal de la Entidad Contratante;

Que, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determina que la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismo adscritos a ella o bien a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado, deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesaria publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en el Portal de Compras Públicas. Esta delegación no excluye las responsabilidades del delegante. Para la suscripción de un contrato adjudicado no se requerirá de autorización previa alguna;

Que, el artículo 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que: "En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento General, aún cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación...";

Que, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, es necesario contar con servidoras y servidores públicos que asuman las funciones de ordenadores de gastos y pagos, dentro de los diferentes procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría;

Que, de conformidad con el artículo 70 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: "El Sistema Nacional de Finanzas Públicas comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta Ley. Todas las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República se sujetarán al SINFIP, en los términos previstos en este Código, sin perjuicio de la facultad de gestión autónoma de orden administrativo, económico, financiero, presupuestario y organizativo que la Constitución o las leyes establecen para determinadas entidades.";

Que, según lo dispone el artículo 116 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: "Los créditos presupuestarios quedarán comprometidos en el momento en que la autoridad competente, mediante acto administrativo expreso, decida la realización de los gastos, con o sin contraprestación cumplida o por cumplir y siempre que exista la respectiva certificación presupuestaria. En ningún caso se adquirirán compromisos para una finalidad distinta a la prevista en el respectivo presupuesto.";

Que, en aplicación del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado: "Se tendrán en cuenta las normas sobre funciones incompatibles, depósito intacto e inmediato de lo recaudado, otorgamiento de recibos, pagos con cheque o mediante la red bancaria, distinción entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago; y, el reglamento orgánico funcional que será publicado en el Registro Oficial.";

Que, el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que: "El manual de procesos y procedimientos que emitirán las entidades establecerá las funciones incompatibles, la distinción entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago, los procedimientos y los procesos administrativos, financieros, operativos y ambientales, para reducir el grado de error y la posibilidad de fraude a niveles mínimos, el pago con cheques o por la red bancaria, el depósito intacto e inmediato de lo recaudado y el otorgamiento de recibos...";

Que, mediante Registro Oficial No. 398, de 04 de marzo del 2011, se publica la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células.;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1205 publicado en el Registro Oficial No. 745, de 13 julio de 2012, se expide el Reglamento General a la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células que en su artículo 2 establece: “Créase el Instituto Nacional de Donación de Órganos, Tejidos y Células “INDOT” como entidad adscrita a la Autoridad Sanitaria Nacional, con autonomía técnica, administrativa, financiera y de gestión.”;

Que, mediante acción de personal No. 00001784 de 13 de julio de 2012 se acuerda: “Nombrar a la doctora Almeida Ubidia Diana Helena María, para el puesto que se detalla en el casillero No. 8, de acuerdo a lo establecido en el artículo No. 17 literal c y en concordancia con los artículos No. 85 de la Ley Orgánica del Servicio Público, y articulo No. 17 literal c) del Reglamento del mismo cuerpo legal”;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en su artículo 55, establece que: "...Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por ley o por decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial. Los delegados de las autoridades y funcionarios de la Administración Pública Central e Institucional en los diferentes órganos y dependencias administrativas, no requieren tener calidad de funcionarios públicos.";

Que, el artículo 56 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que: “Salvo autorización expresa, no podrán delegarse las competencias que a su vez se ejerzan por delegación.";

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en su artículo 57, establece que: "La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido y se extinguirá, en el caso de asuntos únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya expedición o ejecución se delegó.";

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en su artículo 59, establece que: "Cuando las resoluciones administrativas se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por la autoridad delegante, siendo la responsabilidad del delegado que actúa.";

Que, el artículo 60 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone que: "Los organismos administrativos jerárquicamente superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda por atribución propia o por delegación a los órganos dependientes, cuando lo estimen pertinente por motivos de oportunidad técnica, económica, social, jurídica o territorial."

Que, el artículo 62 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva determina que: "El superior jerárquico podrá sustituir al inferior en el cumplimiento de los actos administrativos de competencia de éste.";

Que, en cumplimiento del marco jurídico establecido para el ejercicio desconcentrado del sistema de administración pública, específicamente, del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT, es imprescindible normar las gestiones de cada uno de los órganos y unidades administrativas de esta Institución, a fin de que permita la buena marcha del despacho institucional, debiendo para ello identificar a los órganos y unidades administrativas que asumirán las funciones delegadas por la máxima autoridad, quienes intervendrán en el desarrollo de los diferentes procesos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría;

Que, la delegación de funciones es compatible y complementaria con la desconcentración de funciones a órganos y servidores públicos de inferior jerarquía a la de la máxima autoridad, por lo que resulta conveniente y aporta al dinamismo en la gestión de esta Institución;

Que, es necesario expedir un instrumento de esta naturaleza a fin de que se agilicen y se ejecuten de manera pronta y oportuna los diferentes procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que requiere realizar esta Institución, en el ámbito de sus competencias;

Que, mediante Resoluciones Nos. 099-INDOT-2014 y 107-INDOT-2014 de fechas 03 y 27 de octubre de 2014, respectivamente, la Dra. Diana Almeida, Directora Ejecutiva del INDOT, resuelve disponer a la Dirección de Talento Humano se realice las acciones de Personal en las cuales se extiende los nombramientos del Nivel Jerárquico Superior del INDOT tanto como titulares y encargos.

En uso de las atribuciones que le confieren el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; y, 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública